Alcaldes involucrados en el huachicoleo - ONEA

ONEA México/Yered Figueroa Oliva. 06 de febrero de 2019. Los traficantes de combustible, llamados coloquialmente como huachicoleros, formaron uno de los negocios ilícitos más grandes del país. El robo de combustibles se ha convertido en uno de los giros que posee el crimen organizado, el cual les deja millonarias ganancias por un riesgo relativamente bajo, en comparación con el narcotráfico. Hacia la actualidad, esta práctica no ha hecho más que crecer. Varios municipios, principalmente del centro del país, son incluso considerados como “territorios huachicoleros”. Aunque la venta ilegal de combustible, y en algunos casos su ordeña desde los ductos, se realiza a plena luz del día, el poder público ha sido omiso ante ello. Ya sea por el cobro de piso, protección, miedo ante amenazas o simple indiferencia, la realización de estas prácticas se ha mantenido en la impunidad.

Bajo el supuesto de complicidad, ¿quiénes son los alcaldes beneficiados por la presencia de huachicoleros en el territorio que gobiernan? Dada la extensión del territorio nacional, y la amplia presencia del crimen organizado, la atención se centrará en la ruta que sigue el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, el cual ha sido perforado en al menos cinco ocasiones desde el inicio de la Estrategia contra el Huachicoleo.

El día 27 de diciembre de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó lo que fue denominado como “plan conjunto del Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos”, una estrategia simultánea desde diferentes secretarías y dependencias públicas, con el propósito de hacer frente al huachicoleo. Los gobiernos anteriores, si bien tenían ocasionales operativos y permanente vigilancia de los ductos, se tomaron a la ligera la problemática. Detectaban la baja presión ocasionada por perforaciones, pero no tomaban acciones inmediatas contra las tomas clandestinas. Contemplaban las pérdidas económicas en el presupuesto, producto del combustible robado, sin intentar remediarlo de alguna forma. Normalizaron el delito.

Apartarse de la vieja forma de hacer las cosas, por lo menos al atender el robo de combustible, requirió tomar lo que fue considerado por muchas personas como medidas drásticas.  Ya con el nuevo gobierno, el primer cierre se dio en el ducto Tula-Salamanca, entre los estados de Hidalgo y Guanajuato. Con esta acción, durante la tercera semana de diciembre, se atendieron las fugas causadas por huachicoleros. Fue a inicios de este año cuando se retomó esta acción para frenar los robos, como parte del plan antes mencionado. Consecuencia de ello, junto a una insuficiencia en el número de pipas que sustituirían temporalmente al transporte por ducto, se reportó falta de combustible en algunas ciudades de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Querétaro. Durante algunos días, la situación parecía restringirse solo a estas entidades. Pero las compras de pánico se generalizaron cuando la capital del país también se vio afectada.

En primera instancia, pobladores del Edomex comenzaron a acudir a gasolineras de la Ciudad de México, al grado de que algunas estaciones de servicio se quedaron sin combustible. Esto alertó a los capitalinos, quienes se dirigieron a llenar sus tanques como previsión de un eventual desabasto, aunque oficialmente no había afectaciones. Fue hasta el día 9 de enero cuando realmente comenzó a presentarse carencia de gasolina en CDMX. En su ya cotidiana conferencia mañanera del día siguiente, el Presidente acusó de un doble sabotaje en el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco al crimen organizado, como probable respuesta a la afectación económica que habrían sufrido desde que el Gobierno Federal inició con la estrategia en su contra.

Apenas un día después, la situación se repitió. El 11 de enero, por tercera vez se perforó el Tuxpan-Azcapotzalco, que siendo este el principal del país por surtir de combustible a la CDMX, comenzó a dejar vacíos los tanques de almacenaje del Valle de México. Aunque la seguridad se reforzó, el día 12 se saboteó por cuarta ocasión. Y cuando la situación apenas comenzaba a regularizarse, el 15 se dio el quinto intento de sabotaje. Que en una semana se haya perforado cinco veces la principal vía de combustible para la capital de México es una muestra de la resistencia que pusieron los grupos del crimen organizado para no ver terminado su millonario negocio. Cabe aclarar que esta práctica no inició luego de la estrategia de AMLO, sino que anteriormente se pasaba por alto el saqueo a la nación a través de este medio.

El poliducto antes mencionado es fundamental para la suficiencia energética de México. Éste transporta gasolina, diesel y turbosina, por lo que su funcionamiento permite dotar de combustible a automóviles, vehículos de carga, maquinaria industrial y a aeronaves. Transporta un aproximado de 170,000 barriles de gasolina diarios, es decir, cerca de 27 millones de litros. Por su trazo, el cual inicia en la terminal de almacenaje de PEMEX en Tuxpan, Veracruz, se recorren 311 kilómetros hasta la capital del país. Cruza parte de los territorios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México. Y, curiosamente, a excepción de la capital, son esas entidades cuatro de las cinco que más tomas clandestinas de combustible han presentado.

De acuerdo a los datos oficiales de Petróleos Mexicanos, tan solo en el año 2018, se reportaron 12,581 tomas clandestinas en todo el país (con datos disponibles hasta octubre de ese año). Entre estas, 6,230 ocurrieron en las entidades por donde pasa el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, lo que representa el 49.51% del total nacional. El año anterior, en 2017, aunque se registraron menos tomas clandestinas, la situación no fue muy diferente. Con un total nacional de 10,363 tomas; Veracruz, Puebla, Hidalgo, Edomex y CDMX acumularon 4,586, el 44.25%. Pese a no ser una atribución estatal el resguardo de ductos de PEMEX, sí lo es la seguridad pública de sus ciudadanos, la cual se ha visto vulnerada por el dominio territorial de los huachicoleros.

Si bien los exgobernadores Miguel Ángel Yunes, Antonio Gali, Miguel Ángel Mancera y Eruviel Ávila, así como los gobernadores Omar Fayad y Alfredo del Mazo comparten cierto grado de responsabilidad en la escalada de este delito, los alcaldes de los municipios por donde cruza el poliducto son quienes más han descuidado a sus gobernados. La ruta seguida por la infraestructura de abasto de combustible más importante del país, iniciando en Veracruz, recorre los municipios de Tuxpan, Cazones de Herrera, Tihuatlán y Coatzintla. En Puebla, por Venustiano Carranza, Jalpan, Xicotepec, Huauchinango, Ahuazotepec y Zacatlán. En Hidalgo pasa por Cuautepec, Tepeapulco y Tlanalapa. En Estado de México, por Axapusco, Otumba, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Acolman, Ecatepec y Tlalnepantla. Por último, también por las alcaldías de Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.

El periódico Excélsior hace un recuento de dichos municipios, contrastando algunos datos demográficos que nos muestran un poco del panorama que se vive en la zona. Son 13 de los 23 municipios contemplados los cuales cuentan con más de la mitad de su población en situación de pobreza. Todos ellos, además, superan el 30% de población en tal condición. Se reporta también un aumento de 44% en la incidencia delictiva durante los últimos cuatro años. El que la población vea como una alternativa de vida a la delincuencia nos presenta un escenario de abandono por parte de las instituciones. Y es que, si las autoridades cometen ilícitos y esto es conocido por la población, las posibilidades de vivir en la impunidad aumentan.

El perfil de algunos alcaldes de los municipios mencionados no hacen más que aumentar las sospechas de complicidad. El alcalde priísta de Tuxpan durante el periodo 2014-2017, Alberto Ruiz Díaz, ha sido acusado de enriquecimiento ilícito tras adquirir millonarios terrenos. Gregorio Gómez, de Tihuatlán, dejó en su último año de gobierno un daño patrimonial por $10 millones de pesos, cuyo fin fue inexplicable. En el caso de los ediles poblanos, la relación con el crimen organizado es mucho más estrecha. Apenas el año pasado, tras un operativo del ejército en el municipio de Venustiano Carranza, se detuvo a Ilse Lucía Bernabé, esposa del presidente municipal Rafael Valencia Ávila por posesión de armas de uso exclusivo del ejército y combustible. La familia del exalcalde ha gobernado Venustiano desde 2005, conociendo la alternancia solo entre 2008 y 2010. Justo durante los mandatos de los Valencia Ávila, la inseguridad aumentó drásticamente. Actualmente Vicente es el alcalde, sucediendo a su hermano y cumpliendo su segundo periodo en el ayuntamiento.

También en la sierra poblana, el exalcalde Juan Carlos Valderrábano, de Xicotepec, ha sido acusado de enriquecimiento ilícito, acumulando más de $60 millones en propiedades durante su gobierno, ganando tan solo $60,000 mensuales. Y precisamente en dicho municipio, se han encontrado multitud de tomas clandestinas de combustible, por lo menos 10 desde el inicio del plan contra el robo de hidrocarburos. En los demás municipios poblanos mencionados, son comunes las noticias de ejecuciones, fugas en ductos o vehículos cargando miles de litros de gasolina ilegal.

Hidalgo es otra de las entidades con mayor presencia de traficantes de combustible. El Tuxpan-Azcapotzalco recorre tres municipios del estado, aunque por 10 más cruza otra línea dirigida a la refinería de Tula, incluyendo a Tlahuelilpan, lugar donde ocurrió la lamentable explosión del pasado 18 de enero. En Cuautepec, esta práctica es de todos los días. Su alcaldesa, Haydeé García, ha sido acusada de participar con los grupos del crimen organizado por no hacerse cargo de la problemática en los dos años que lleva en el ayuntamiento. El problema en su municipio es tal, que los mantos acuíferos se han contaminado de gasolina debido a la cantidad de tomas clandestinas.

El Estado de México, por su cercanía a la capital, también es blanco del huachicoleo. Uno de los municipios colindantes con Hidalgo, y el primero por donde pasa el poliducto es Axapusco, el municipio mexiquense con mayor número de reportes de robo de combustible, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad del Estado de México. El penoso segundo lugar es su vecino Otumba, el cual sigue la misma ruta. Los operativos en estos municipios se habían caracterizado por el decomiso de vehículos utilizado en el transporte de combustible robado, pero sin detener a algún implicado en estos hechos. Ante esto, los exalcaldes Felipe Borja y José de Jesús Alfaro, cuyos periodos recién terminaron, no hicieron una sola declaración sobre la situación de los municipios que encabezaron.

Un sistema de complicidades, casi generalizado a lo largo de la ruta que sigue el poliducto más importante del país, ha facilitado la permanencia de los grupos delincuenciales dedicados al robo de hidrocarburos. Munícipes indiferentes ante las carencias de sus gobernados y otros más dispuestos a delinquir para enriquecerse. Gobernadores permisivos o sin la voluntad de erradicar la problemática desde la raíz. Esta es apenas una muestra de la grave situación que se vive actualmente, y que ha representado millonarias pérdidas para el país, así como la desintegración de su tejido social.

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