Veracruz, luego del saqueo y abandono - ONEA

ONEA México/Yered Figueroa Oliva. Xalapa, Veracruz, 04 de enero de 2019. El desarrollo histórico de México está profundamente ligado con el de Veracruz, la gran entidad a la orilla del Golfo. Sede de importantes puertos como el mismo Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos, desde el nacimiento de nuestra República ha servido como la puerta de entrada a todo un país. Un territorio rico en recursos naturales, entre los cuales podemos encontrar, dentro de sus 71,820 km² de superficie, abundantes ríos, bosques templados, pastizales y campos de cultivo, yacimientos petroleros y minerales, así como un litoral de 720 km de extensión. Es también la tercera entidad federativa más poblada —detrás del Estado de México y la Ciudad de México, respectivamente— con más de 8 millones de habitantes, al año 2015. Por si fuera poco, es la quinta economía mexicana, en relación con el Producto Interno Bruto real, aportando el 4.7% del PIB total del país. Desde esta perspectiva, resulta evidente el papel protagónico de Veracruz en el panorama nacional. No obstante, a partir de indicadores más específicos es cuando nos damos cuenta de las problemáticas vividas por los veracruzanos, las cuales inhiben su verdadero potencial.

La fama adquirida antaño, en la época de la abundancia petrolera, industrial y comercial, se ha desdibujado recientemente para ser suplida por el descrédito de la corrupción. Dicho vicio de la administración pública, por el cual un funcionario utiliza los bienes públicos para su provecho personal, explica el rotundo fracaso logrado por los gobiernos estatales recientes en materia de desarrollo económico, combate a la pobreza e inseguridad, entre otros. La longeva tradición del gobierno estatal priista llegó a su fin en 2016, luego de 86 años ininterrumpidos con un gobernador proveniente del partido tricolor. Tal coyuntura develó un sinnúmero de prácticas que eran pasadas por alto, e insertó a varios actores de distintas procedencias partidistas en la disputa por el poder.

Tomando en cuenta lo anterior, la situación política actual nos sirve para enfatizar el estado de las cosas y dimensionar el enorme reto que tiene enfrente el nuevo gobierno, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, de MORENA, quien relevó al panista Miguel Ángel Yunes en 2018.

La alternancia mencionada con anterioridad fue resultado parcialmente de la percepción de la ciudadanía con respecto a la seguridad. La presencia del crimen organizado en el territorio veracruzano fue escalando a partir de la administración de Fidel Herrera Beltrán, continuando durante el sexenio duartista, y se mantuvo vigente en el bienio de Yunes Linares. Hasta septiembre de 2018, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, prácticamente 8 de cada 10 personas se sentían inseguras en ciudades veracruzanas como Veracruz y Coatzacoalcos. Una percepción de tal magnitud no es para menos, tomando en cuenta que tan sólo hasta noviembre de 2018 se registraron 51,234 delitos del fuero común, es decir, delitos contra la vida, secuestro, robo, entre otros. Un año antes se alcanzó la alarmante cifra de 66,379 delitos,  y 42,312 durante 2016. Podemos dar cuenta del grado de violencia que se ha vivido al observar el número de homicidios de los dos últimos periodos de gobierno: entre diciembre de 2010 y noviembre de 2018, se registraron en Veracruz 13,919 homicidios según cifras oficiales. En esta misma entidad hay 69 municipios con menos habitantes que esa cifra.

El recrudecimiento de la violencia no es una problemática surgida espontáneamente o por factores externos, sino que se ha desarrollado por la suma de diversas condiciones; entre estas, la pobreza como uno de sus detonantes principales. Podemos entender a este fenómeno como la carencia de uno o varios medios que impidan en pleno desarrollo de los individuos, de acuerdo a CONEVAL. Es decir, se llega a la pobreza cuando no se tienen los recursos suficientes para cumplir las necesidades personales básicas. En Veracruz existen —con datos de la misma institución al año 2016— más de cinco millones de personas en situación de pobreza, de las cuales hay 1,332,500 en pobreza extrema. Cabe recordar que cuenta con un aproximado de 8 millones de habitantes. De esta forma, tenemos que el 62.2% de los veracruzanos se encuentran en algún grado de pobreza.

La economía de las familias veracruzanas se ha visto mermada con el paso del tiempo, pues, aunque con altas y bajas, se ha mantenido en los últimos 10 años una tendencia al alza en el porcentaje de personas con ingresos menores al costo de la canasta básica. A principios del año 2008, poco más del 40% de la población no tenía ingresos suficientes para vivir dignamente; en 2018, más de la mitad de la población se enfrentaba a esta dificultad. Con ello, Veracruz es la quinta entidad con mayor pobreza laboral de México.

Sería ingenuo no responsabilizar a los gobiernos estatales por la situación que se presenta. Y es que, más allá de sostener vínculos de la delincuencia organizada con las autoridades como el detonante de las problemáticas actuales, han sido las omisiones de nuestros gobernantes el verdadero obstáculo para el progreso de Veracruz. La más grave de estas, por el efecto abarcador que ha tenido, es la malversación de recursos públicos. Los presupuestos están diseñados para satisfacer las necesidades financieras de un gobierno, y los montos asignados prevén cubrir una cantidad limitada de acuerdo a los programas a implementarse. Entonces, disponer de los recursos públicos de manera discrecional implica prescindir del capital necesario para financiar otras necesidades. Concorde a la Asamblea Superior de la Federación, entre 2011 y 2016, en el estado se observaron casi 75,000 millones de pesos con irregularidades en su ejercicio.

Tan solo en el año 2016, Veracruz fue la tercera entidad que recibió más participaciones federales, con $98,726,500,000 directos al presupuesto estatal. Aún con tal magnitud de recursos públicos, las necesidades ciudadanas principales se han mantenido en un segundo plano, siendo prioridad para el gobierno su beneficio propio. Un ejemplo de ello son los desvíos de recursos en el sector salud: entre el Seguro Popular, Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud y el componente Salud de PROSPERA, se observaron $14,760 millones de pesos con irregularidades. En el  ámbito de desarrollo social se detectaron 38 millones de pesos desviados, solamente durante 2016. Con la misma tónica, la seguridad pública vio mermados sus recursos por irregularidades en su uso. Pero el daño no se quedó en la administración pública estatal, pues varios municipios se quedaron sin sus aportaciones federales, al pasar estas por la Secretaría de Finanzas, el centro de operaciones duartista para el desvío de recursos.

El saqueo a las arcas públicas, lamentablemente, no terminó con la salida del PRI del gobierno estatal. Las irregularidades del gobierno fueron la bandera de campaña de Miguel Ángel Yunes Linares, entonces candidato por el PAN a la gubernatura. Al ser electo, contó con un presupuesto 3,271 millones superior al año anterior, además de 90 días para hacer ajustes adicionales en los egresos. Y aún con estas facilidades, en su primer año de gobierno se cometieron irregularidades. El Órgano de Fiscalización de Veracruz en la Cuenta Pública 2017 encontró irregularidades por $338,000,000; de este monto, más de cuatro millones salieron de la Secretaría de Desarrollo Social veracruzana, cuyo proyecto insignia ‘Veracruz comienza contigo’ ha sido señalado por utilizarse con fines electorales. Al año siguiente, durante la campaña para sucederle en el cargo, Miguel Ángel Yunes Márquez presuntamente se valió de dicho programa social y la estructura administrativa de gobierno estatal, encabezado por su padre, para aventajar a sus contrincantes. No obstante, su derrota electoral y el fin del gobierno de MAYL podrían significar la aclaración del cuestionado uso de recursos públicos llevado a cabo durante 2018.

Luego de ocho años de gobiernos por demás cuestionados, la administración entrante deberá hacer frente a las omisiones de sus antecesores. El gran reto de la inseguridad no se acabará de la noche a la mañana, como han dado cuenta de ello los más de 80 asesinatos registrados durante el último mes del año, ya con gobierno estatal morenista. La marginación de igual forma se mantiene presente, para lo cual habrá que buscar estrategias que inhiban la deserción escolar, incrementen la producción y comercialización ganadera y agrícola, además de regular la tenencia de las tierras, todo esto sin utilizar a ese sector con fines electorales. Que la inversión pública en infraestructura realmente se ejerza, y no sirva sólo para inaugurar puentes, escuelas y hospitales inconclusos. Las expectativas pueden ser muy altas, pero las necesidades de Veracruz lo ameritan.

 

 

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