Policía Federal deberá entregar datos y cifras de fosas clandestinas en Veracruz - ONEA

ONEA México. 26 de diciembre de 2018. Luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) deberá ordenar a la Policía Federal (PF) entregar una versión pública de los datos, cifras o estadísticas relacionadas con los indicios encontrados en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe, en el estado de Veracruz.

La SCJN deberá determinar la facultad de atracción que se plantea en el expediente, y en consecuencia remitirse a ese alto tribunal los autos del recurso de revisión en que se actúa, el juicio de amparo origen y el tomo de pruebas.

Por unanimidad de votos de los magistrados Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Carlos Alberto Zerpa Durán (presidente), Guillermina Coutiño Mata y María Alejandra de León González, resolvieron que el máximo tribunal del país tome el caso y lo estudie para que determine acerca de las facultades del INAI.

Esta revisión se considera trascendente ya que involucra el tema relativo a la facultad con que cuenta el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para pronunciarse prima facie en materia de acceso a la información respecto a si los hechos que constan en las averiguaciones previas son constitutivos de violaciones graves a derechos humanos o delitos contra la humanidad, según señala el sitio La Jornada.​

Cabe recordar que en marzo de este año, el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió la protección de la justicia federal a Eirinet Gómez, para que el INAI divulgara las estadísticas relacionadas con fosas clandestinas encontradas en un predio de Veracruz.

En ese entonces al resolver el amparo 1232/2017, el juez estimó que el solo hecho de que la información se encuentre inmersa en una investigación ministerial no demuestra que su difusión impida u obstruya las funciones que ejerce el Ministerio Público durante la investigación o en ejercicio de la acción penal ante los tribunales judiciales.

Asimismo, en su momento el fallo concluyó que no se acreditó que la divulgación de la información numérica y estadística solicitada representa un riesgo real de perjuicio al interés público, toda vez que la publicación de esos datos se desvincula de las personas y objetos de los cuales deriva. ​ Además de que no se revelarán los nombres de los servidores públicos relacionados con la persecución del delito y no se entregará información sobre las líneas de investigación o que permita identificar a las víctimas y a los responsables. ​

 

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