La nueva forma de gobernar - ONEA

ONEA México/Yered Figueroa Oliva. Xalapa, Veracruz, 10 de diciembre de 2018. El ahora Presidente de México se ha planteado transformar la vida pública del país, y para lograrlo se valdrá de distintas medidas que le aseguren el cumplimiento de su plan. En el ejecutivo será mediante la nueva estructura de las secretarías federales, los súperdelegados y el respaldado popular de las consultas. En el legislativo, con una amplia mayoría en las cámaras. En el judicial, con la elección de sus ministros y Olga Sánchez Cordero como intermediaria.

Más temprano que tarde, apenas pasadas las elecciones, López Obrador insistió en una idea vertida en campaña: iba a preguntarle a la gente sobre las decisiones del gobierno. La consulta por el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México fue la primera muestra de ello. Saldría adelante en apenas dos meses, lo que la hizo tambalear ante la opinión pública, criticándola como improvisada, tendenciosa o imparcial, inconstitucional y fraudulenta. No obstante, la militancia y simpatizantes de MORENA colaboraron en el ejercicio y lo respaldaron. Hubo irregularidades en la consulta, como defectos en la aplicación que permitían votar más de dos veces o la distribución territorial de las casillas de votación, pero la reiteradamente afirmada autoridad moral del entonces Presidente Electo legitimó la consulta ante quienes se han mantenido fieles a él, que no son pocos.

El segundo ejercicio de este tipo, realizado el 24 y 25 de noviembre intentaría subir un escalón al someter a consulta 10 de los llamados “proyectos prioritarios” de la futura administración. El Tren Maya, desarrollar el Istmo de Tehuantepec, construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco, sembrar un millón de hectáreas, doblar pensión a adultos mayores, becar estudiantes, capacitar “ninis”, pensionar a personas con discapacidad, garantizar atención médica y ampliar cobertura de internet. Algunas propuestas fueron más específicas que otras, aunque todas surgieron desde la campaña. Sin dar a conocer ‘cómos’, presupuesto o consideraciones más allá de una breve descripción al reverso de la boleta, se llevó a cabo el ejercicio. Participaron más de 900,000 personas de acuerdo a cifras reveladas por la misma organización de la consulta. Cada una de las 10 opciones tuvo una amplia aceptación entre participantes, quienes ya las habían ratificado al votar por AMLO meses atrás.

Aunque tales condiciones hicieron llover comentarios en contra, la principal pugna de los detractores al ejercicio fue que no se acotaba al marco normativo vigente para la realización de consultas populares. Estas deberían realizarse de acuerdo a la Constitución, en primera instancia por convocatoria del Presidente en funciones, la mayoría calificada del Congreso, o por el 2% de la lista nominal de electores. Luego debería ocurrir en concurrencia a elecciones federales y organizadas por el INE. Por último, su fin debería centrarse en dirigir política pública, sin implicar alteraciones presupuestales. Claramente, la consulta organizada por el equipo de transición no atiende ninguno de los puntos mencionados, aunque no por esto es ilegal. Si bien no se atienden los requisitos para ser una consulta popular constitucional, nada prohíbe a los partidos realizar sus propios ejercicios de participación. Las asambleas gremiales de filiación partidista son un ejemplo de ello. La premura por realizar ambas consultas antes del primero de enero nos da un indicio de lo que será la nueva forma de gobernar: operar en bloque para darle cumplimiento a la voluntad del Presidente.

No obstante, la soltura que le daba al equipo de López Obrador estar en el período de transición ya se acabó. En adelante, habrá de apoyarse en una de las partes fundamentales de la nueva estructura gubernamental, los llamados súperdelegados. Como parte de las críticas a una abultada burocracia poco eficiente, destacarían las delegaciones federales, las cuales concentraban a miles de empleados del gobierno federal bajo el mando de delegados. Estos fungían como intermediarios entre la federación y los gobiernos estatales, siendo el vínculo institucional para acercar los programas de las distintas secretarías a toda la ciudadanía. Pero en la práctica se les acusó constantemente de ser espacios de control político y la salida fácil para funcionarios que se habían quedado sin un cargo de elección popular. Debido a ello, las delegaciones se convirtieron en un blanco fácil para AMLO, quien no tuvo reparo en acomodarlas a su conveniencia: propuso en campaña la concentración de todas las delegaciones estatales en 32 delegaciones, una sola por entidad.

Fue así como surgió la idea de los súperdelegados, cuya existencia acotaría parte del presupuesto federal, pero a la vez concentraría innumerables responsabilidades en una sola estructura administrativa. Por si fuera poco, se provocó mayor eco por quienes encabezarían tales entes administrativos. Excandidatos a gubernaturas como Delfina Gómez y Carlos Lomelí del Estado de México y Jalisco respectivamente; dirigentes estatales de MORENA, como Manuel Huerta de Veracruz o antiguos miembros de otros partidos que decidieron irse a Regeneración Nacional, como Lorena Cuéllar de Tlaxcala. Las 32 personalidades, de una forma u otra, estarían ligadas al nuevo partido en el poder, lo que algunos periodistas y líderes de opinión interpretaron como una imposición que vulneraba la tradición democrática de México. Gobernadores panistas se han manifestado en contra de esta reforma administrativa, pues sostienen que se les desplazaría políticamente al no contar con el respaldo directo de la presidencia, con lo que sí contarían los súperdelegados. En suma, estos controlarían presupuesto federal y programas sociales, lo que les pondría en el foco de atención para ser candidatos a la gubernatura en elecciones posteriores. A su defensa salió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con el alegato de que únicamente serían parte de la recién estrenada Secretaría del Bienestar, y no una ‘vicegubernatura’ dirigida desde la presidencia.

Es precisamente ésta una de las dos Secretarías de Estado que emprenden camino en lo que se ha llamado La Cuarta Transformación. La Secretaría del Bienestar vendría a sustituir a la Secretaría de Desarrollo Social, una de las áreas de la administración pública más robusta con respecto al personal que requería, a la par de ser de las principales señaladas por desvíos de recursos, justo cuando su función era lo contrario: ayudar a quien lo necesita. Por otro lado, en cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública, más bien se trata de una resurrección. Desaparecida apenas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se redirigieron sus labores a la SEGOB, la SSP asumiría parcialmente la urgente labor de combatir la inseguridad, pero sólo como un eslabón más de una nueva estrategia de seguridad. La Fiscalía General, ya contando con Fiscal, y la Guardia Nacional dependiente de la Secretaría de Defensa serían los otros eslabones que complementarían el entramado propuesto por el nuevo gobierno en materia de seguridad.

Para materializar estos cambios, el edicto presidencial no sería suficiente. Debido a ello, resulta fundamental la existencia de un Congreso de mayoría. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, MORENA y sus partidos aliados cuentan con mayoría absoluta; esto es, más de la mitad de legisladores a su favor. Con esta condición pueden impulsar leyes secundarias, reglamentarias, minutas y posicionamientos. Sin embargo, no logran alcanzar la mayoría calificada, igual a dos terceras partes del Congreso, para lograr reformas constitucionales sin el respaldo de otros partidos. Esta condición puede reforzar la legitimidad de la legislatura, debido a que la negociación es fundamental para materializar los cambios previstos por el nuevo gobierno, aunque también puede entorpecer el desempeño y llevar a lo que se conoce como parálisis legislativa, al no encontrar consensos para desahogar la agenda.

Parece innegable la presencia que estará teniendo el ejecutivo en el legislativo. Considerando que en poco más de dos meses se logró allanar el terreno por parte de diputados y senadores para iniciar con la nueva administración estatal lo antes posible, las mencionadas mayorías legislativas podrían ser el instrumento facilitador para hacer cumplir todo mandato presidencial. Apenas y se ha hecho presente la oposición, como al rechazar la eliminación del fuero en lo particular, cosa que posteriormente se podría resolver con negociación, aunque cabe recordar la dimensión de las bancadas opositoras y la poca presión que podrían representar. Incluso, en el Congreso se podría encontrar la clave para hacer ver al Presidente como una persona conciliadora, contraria a la imagen polarizadora que se suele difundir. El coordinador de MORENA en el Senado se ha encargado de representar al ‘ala izquierdista’ del partido, lanzando posicionamientos retadores, por decir lo menos, y promoviendo la agenda más controvertida del proyecto-nación.

Por el lado contrario, tenemos a la representante del progresismo izquierdista, la ya mencionada Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, sin duda una de las protagonistas del devenir político. Con la titularidad de la Secretaría de Gobernación, aunque ésta ya no tenga bajo sus funciones la seguridad pública, se mantendrá inmiscuida en la vida pública del país debido a la reestructuración llevada a cabo. De siete subsecretarías se pasó sólo a tres: gobernación, participación ciudadana, democracia participativa y organizaciones civiles, y derechos humanos, población y migración. Por si fuera poco, su presencia en el gabinete también servirá para suavizar la relación con el Poder Judicial. Su experiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la reputación ganada en el cargo le permitirán impulsar varias medidas de ampliación de libertades individuales ya mencionadas en el período de transición. Aunado a lo anterior, será durante este sexenio cuando se haga el relevo de tres integrantes de la SCJN, quienes surgirán de una terna propuesta por AMLO y votada por el Senado.

Hemos observado el preámbulo de lo que puede ser interpretado como el retorno del presidencialismo en el país. Con esto me refiero a la preminencia de la figura presidencial sobre los demás poderes debido al control de la situación política ejercido por éste. La configuración formada durante un extenuante año de campañas y transición nos brinda una mirada a lo que será la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien después de años de aspirar a ello como oposición, ahora debe adoptar el papel de gobierno. Ante dicho escenario, la ciudadanía deberá mantenerse en la posición que hizo posible una vez más la alternancia en el gobierno: ser crítica y participativa a la vez.

 

 

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