Autoridades abusan de la prisión preventiva violentando los Derechos Humanos - ONEA

ONEA México/Esperanza Negrete. Xalapa, Veracruz. 23 de noviembre de 2018. En el marco del Examen Periódico Universal 2018 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México fue cuestionado por más de 100 representantes de diversos países sobre las deficiencias en torno a los Derechos Humanos, destacando los dos factores más importantes que determinan y detonan esta circunstancia: corrupción e impunidad, ambas imperantes en México.

Hasta marzo del 2017, la asociación civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Asilegal) registró 82 mil 706 personas privadas de su libertad en prisión preventiva sin una sentencia que acredite su inocencia o culpabilidad, es decir, el 39 por ciento de la población en las cárceles, engendrando así uno de los mayores problemas de Derechos Humanos en México.

Una de las cuestiones más graves en las penitenciarías de México es el hacinamiento, resultado de la práctica excesiva de la prisión preventiva y que constituye en sí mismo “una forma de trato cruel, inhumano o degradante, violatoria del derecho a la integridad personal y de otros derechos humanos”, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo con la CIDH en su Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en Las Américas, “el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad es uno de los principales desafíos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por otra parte, reflejó en su Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad Instalada en la República Mexicana “su preocupación por las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad albergadas en 109 centros penitenciarios de baja capacidad instalada distribuidos en toda la República Mexicana, por no contar con la infraestructura que permita una estancia digna y el desarrollo adecuado del régimen penitenciario de acuerdo con las normas y estándares nacionales e internacionales en la materia”.

Según el portal El Economista, “95 de los 130 (centros estatales penitenciarios) carecen de personal de custodia suficiente y hay sobrepoblación en 71 de ellos, el mismo número en el que se detectan unas condiciones de autogobierno en los presos. Para la Comisión (CNDH), la sobrepoblación es uno de los mayores problemas porque desencadena que se pierda el esquema de seguridad, haya brotes de violencia, haya mayores carencias de salud y alimentos y crezca el autogobierno”.

Y como consecuencia de esta sobrepoblación existe la violencia entre los reos, que entre 2013 y 2016 dejó 271 prisioneros muertos, según registros de la Secretaría de Gobernación.

El uso excesivo de la prisión preventiva por el hecho de que los juzgados no agilicen sus resoluciones establece una grave violación al derecho fundamental de presunción de inocencia.

De acuerdo con la carpeta informativa Los centros penitenciarios en México. ¿Centros de rehabilitación o escuelas del crimen? del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en conjunto con la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, hasta el 2017, la operación del sistema carcelario nacional implica un gasto a nivel federal de 4.6 millones de pesos al día, es decir, mil 679 millones al año; para las cárceles estatales, la erogación es de 32.4 millones de pesos diariamente, lo que representa un gasto total anual de 11 mil 800 millones. En total son 13 mil 505 millones al año.

Uno de los sectores de la población que se ve más afectado por el excesivo uso de la prisión preventiva es el indígena, integrado por personas que en su mayoría no hablan español. Hasta 2017 y según el portal Animal Político, en México hay alrededor de 8 mil indígenas que se encuentran desde hace varios años en prisión, a la espera de recibir una sentencia, “Adán de la Cruz Gallegos, de 45 años, es un indígena zapoteco del estado de Oaxaca que lleva siete años preso esperando a que un tribunal decida si es culpable o no de dos delitos de secuestro”.

Periodistas, expertos y medios opinan sobre la prisión preventiva en México:

El Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), autor en Forbes y México Evalúa, afirmó que “la forma en que se aplica la prisión preventiva (encarcelamiento de los inculpados durante el proceso) en México tiene como principales implicaciones nocivas el uso excesivo de la medida y la ineficiencia en el uso de los recursos del sistema de seguridad ciudadana y de justicia penal. Las cifras y el análisis nos indican que la prisión durante el proceso ha dejado de ser una medida extraordinaria y excepcional para convertirse en una medida cautelar de uso frecuente, contradiciendo nuestra Constitución y los instrumentos internacionales firmados por México; produce ineficiencia porque implica un uso irracional de ella, del sistema penal, de los recursos humanos y materiales dedicados a la seguridad pública y a la justicia”.

La periodista Claudia Altamirano escribió para su columna de Nexos que “el principio jurídico de presunción de inocencia consiste en asumir que todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero en México demostrarlo es tan fácil como fabricar un culpable. Por error, por venganza o por presumir eficiencia, las autoridades encarcelan personas inocentes cuyas vidas se quiebran y no vuelven a su estado original ni con el pegamento de la exoneración”.

El profesor de derecho y columnista de Milenio, Arturo Argente, asegura que “México será un país civilizado el día en que nuestro sistema de impartición de justicia prefiera, ante la inexistencia de evidencias sólidas y contundentes, dejar libre a un culpable que encarcelar a un inocente”.

 

 

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