Gobierno de Veracruz combate la corrupción, dice Yunes, pero ¿será cierto? - ONEA

Miguel Ángel Yunes asegura que se actúa contra los corruptos pero “cuando la justicia es selectiva, no es justicia”, opinan expertos; marco normativo para poner en funcionamiento Sistema Local Anticorrupción es deficiente.

 

FRASE

MAYL: “En Veracruz decidimos luchar contra la corrupción y actuar contra los corruptos”

 

 

Por Israel Roldán / ONEA México

En los últimos once meses, el Gobierno de Veracruz ha utilizado el sistema de justicia de manera selectiva y aún en ese mismo tiempo no ha adecuado de manera satisfactoria su marco normativo para instrumentar la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

Apenas el 12 de octubre pasado, durante el acto de presentación del sitio web sobre bienes recuperados, el gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que “en Veracruz decidimos luchar contra la corrupción y actuar contra los corruptos”.

 

 

 

Gobierno de Yunes utiliza justicia selectiva

 

Yunes tiene a cinco exfuncionarios estatales en prisión preventiva por la presunta comisión de delitos en agravio de la hacienda pública estatal.

Se trata de los exsecretarios de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez; y de Finanzas, Mauricio Audirac; además de la excoordinadora general de Comunicación Social, Gina Domínguez. A los exdirectores de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Valencia; y de Penales, Óscar Sánchez Tirado.

Tres más pisaron la cárcel pero lograron su libertad provisional: el exdirector del Régimen Estatal de Seguridad Social de Veracruz, Leonel Bustos —ahora prófugo—; el exgobernador interino, Flavino Ríos; y la exdirectora del Instituto de Espacios Educativos, Xóchitl Tress.

El exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi; y uno de los extesoreros de la Secretaría de Finanzas, Carlos Aguirre, están prófugos de la justicia.

Otros acusados —por el mismo Yunes, de manera pública— por desviar recursos mediante empresas fantasma en el gobierno Duarte no son siquiera investigados.

Como los diputados federales Noemí Guzmán Lagunes, exsecretaria de Protección Civil; Adolfo Mota Hernández, exsecretario de Educación; y el exoficial Mayor de esa dependencia, Édgar Spinoso. Tampoco el diputado local Vicente Benítez, exsubsecretario de Sedesol Veracruz.

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó únicamente el desafuero de los diputados federales Alberto Silva, exvocero de Javier Duarte; y Tarek Abdalá, extesorero del estado. Después de desahogar el procedimiento jurídico, la Sección Instructora de la Cámara determinó desechar la petición.

El politólogo Ricardo Alvarado, investigador de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), refiere que cuando la justicia es selectiva, no es justicia.

“La fiscalía veracruzana no sólo tendría que irse contra Tarek o Silva, sino que hay otros exfuncionarios públicos del Gobierno de Veracruz que tal vez, si bien no tienen que ir a la cárcel, sí tendrían que ser enjuiciados y sentenciados de manera proporcional por las irregularidades que cometió el gobierno de Duarte; entonces, creo que sí hay un problema fundamental sobre cómo se está aplicando la justicia en la fiscalía”, asegura.

Consultada vía Transparencia por la unidad de investigación periodística de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), la FGE reconoció que no tiene información sobre acciones para, al menos, decomisar bienes a exfuncionarios, como a Édgar Espinoso, ni a operadores financieros del exgobernador.

 

Deficiente marco normativo del Sistema Local Anticorrupción

 

Es “muy pronto” para asegurar que el Gobierno de Veracruz combate la corrupción, advierte Ricardo Alvarado.

Sobre todo porque la reforma a la Constitución Política local que dará base al Sistema Estatal Anticorrupción es “deficiente”, según el Semáforo Anticorrupción elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De acuerdo con ese estudio, el Gobierno de Veracruz no procuró una base sólida para el Sistema Local Anticorrupción desde la Constitución estatal.

El análisis concluye que figuras que integrarán el Sistema Local Anticorrupción, como el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana, no se ajustan a la ley modelo elaborada por el propio IMCO, Transparencia Mexicana y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Tampoco se fortalecieron las atribuciones fiscalizadoras ni se garantizó la autonomía técnica y de gestión del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis).

En la reforma constitucional que dará base al Sistema Estatal Anticorrupción tampoco se establece la obligatoriedad para todos los servidores públicos de presentar las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses (“3 de 3”).

El monitoreo del IMCO revela además que la iniciativa de ley del Sistema Local Anticorrupción de Veracruz es apenas satisfactoria.

Ricardo Alvarado advierte que un sistema anticorrupción con esas deficiencias debe preocupar por un posible conflicto de interés de ocurrir la sucesión que se visualiza en la entidad: que sea Miguel Yunes Márquez, hijo del propio gobernador, quien gane la elección del 2018.

 

La corrupción es sistémica

 

La frase de Yunes Linares es falsa, toda vez que en los once meses de gobierno no se han generado las políticas públicas para corregir el sistema.

Y es que, explica el investigador de MCCI, Ricardo Alvarado, los mecanismos para desviar recursos públicos en el gobierno de Javier Duarte siguen vigentes y aún funciona el sistema político que premia de manera sistemática la comisión de actos corruptos.