Carta abierta sobre reformas que dan base al Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz: #AutonomíaParaFiscalías - ONEA

El lunes 2 de octubre, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, promulgó la reforma a la Constitución Política local que define las bases del Sistema Estatal Anticorrupción, además de firmar un paquete de iniciativas de nuevas leyes, y reformas y adiciones a otras ya vigentes, que le darían sustento reglamentario.

El mandatario refirió que en suma, esa acción del Ejecutivo es un cambio total en el modelo de gestión de los recursos públicos que permitirá al estado “pasar de la opacidad a la transparencia, del desorden a la planeación, de la corrupción al manejo honesto de los recursos”.

La afirmación así, llana y lisa, no es cosa menor, pues se trata de una concepción reducida, oficial y oficiosa.

Por ello, derivado del análisis de especialistas y visto desde la sociedad civil, consideramos qué:

a) Las reformas y adiciones referidas reproducen los mismos defectos que varias organizaciones no gubernamentales han señalado reiteradamente, particularmente aquellos sobre la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Su autonomía se verá limitada al encontrarse —de facto— subordinada a la Fiscalía General del Estado.

b) La expresión contenida en la Constitución reformada alusiva a que esta Fiscalía Especializada será dependiente de la Fiscalía General, no deja lugar a dudas en relación con la intención de colocar a este Fiscal Especializado en un plano de subordinación con el Fiscal General (en cuya designación, de manera anómala, sí interviene el Gobernador del estado).

c) Aunque es plausible que sea una mayoría calificada del Poder Legislativo la que designe a este Fiscal previa convocatoria pública, no se sienta base alguna que permita dilucidar bajo qué criterios se debe emitir esa convocatoria, lo que no abona a la transparencia que debiese ser el eje rector del Sistema Estatal Anticorrupción. Se vuelve, pues, totalmente opaco el procedimiento para nombrar al Fiscal Especializado en el caso de que no se obtenga el voto de la mayoría calificada para su designación.

d) No resulta atinado el que se imponga un plazo tan breve —un año— entre la separación de un cargo anterior (Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Local o Federal o Presidente Municipal) para aspirar a ser Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción; y esto es así, dado que el plazo de prescripción de las responsabilidades administrativas (de acuerdo con la aún vigente Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos) es de tres años y en igual plazo (por lo menos) se define la prescripción de las responsabilidades de carácter penal.

e) Existen dos deficiencias notorias, al menos, en la creación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa: incluirá las funciones del actual Tribunal Contencioso Administrativo, dado que no sólo será la instancia que imponga sanciones a servidores públicos por actos de corrupción, sino que también dirimirá las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares. En consecuencia, no será un Tribunal Anticorrupción, especializado en la materia y exclusivamente dedicado a ésta, como sería deseable. La reforma únicamente retiró al Tribunal Contencioso Administrativo de la estructura del Poder Judicial y cambió su denominación, por lo que, en el fondo, se trata de una modificación cosmética. En segundo lugar, no abona a su autonomía el que los magistrados de este Tribunal sean nombrados por el Congreso a propuesta del Gobernador, dado que, potencialmente, si el propio titular del Ejecutivo debe ser objeto de sanciones administrativas por actos de corrupción, sería juzgado por alguien a quien él mismo propuso.

Razonamiento aparte merece la adición al Artículo 67 bis de la Constitución local, para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, cuya instancia de articulación es un Comité Coordinador, integrado por el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Contralor General del Estado, los Presidentes del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana (que deberá ser integrado con cinco ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción).

En las bases normativas de este Comité Coordinador hay total ausencia de facultades reales y concretas, por lo que se estima que tenderá a ser una estructura ineficaz.

Por cada una de las condiciones manifestadas, desde la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA México) nos sumamos a las voces que reclaman al Gobierno de Veracruz la necesidad de una discusión abierta sobre las alternativas para construir la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, incluyendo el método de designación del Fiscal Especializado.

Exigimos mayores excepciones para aspirar a ser Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, así como mayor transparencia en los criterios que conformarán la convocatoria pública que deberá emitir el Poder Legislativo para la designación del mismo, al igual que en cada uno de los cargos. Creemos que exigir más altos requisitos asegura máxima probidad.

Las organizaciones de la sociedad civil de Veracruz deseamos eliminar cualquier intento de los poderes del Estado para conceder un “pase automático” a un Fiscal Especializado. Demandamos separar el mérito de la negociación política para designar a quienes integrarán el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

#AutonomíaParaFiscalías

16 de octubre de 2017

Organizaciones y ciudadanos que suscriben la carta abierta:

Organizaciones

  1. Polígrafo, Verificación del Discurso Público AC
  2. Consejo Ciudadano MX
  3. Frente a la Pobreza: Acción Ciudadana
  4. Solecito Veracruz, A.C.
  5. CENCOS
  6. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
  7. Instituto de Justicia Procesal Penal, AC
  8. Causa en Común.
  9. Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
  10. México Unido contra la Delincuencia, A.C.

 

Ciudadanos

  • Ernesto Villanueva
  • Víctor Trujillo
  • Epigmenio Ibarra
  • Carlos Gidi
  • Laura Zapata
  • Mauricio Castillo
  • Denise Dresser
  • Víctor Hugo Arteaga
  • Gustavo Vela
  • Cuitlahuac García
  • Iván Gidi Blanchet
  • Rosi Orozco
  • Juan José Llanes Gil del Ángel
  • Carlos Manuel Meza
  • Aram Barra
  • Ixchel Cisneros
  • Alfredo Lecona
  • Jorge Javier Romero
  • Karina Gidi
  • Fernando Belaunzarán
  • Gabriela de la Garza
  • Tania Olhovich
  • Sophie Alexander-Katz
  • Mariana Giménez
  • Daniel Giménez Cacho
  • Giovanna Zacarías
  • María Fernanda Wray
  • Ana Francis Mor
  • Úrsula Pruneda
  • Baltimore Beltrán
  • Dolores Heredia
  • Arcelia Ramírez
  • Roberto Sosa
  • Natalia Beristáin
  • Batan Silva
  • Pilar Flores Del Valle
  • Paola Galletta
  • Elisa Lozano
  • Laura Imperiale
  • Mónica Huarte
  • Fernanda Castillo
  • Claudia Ramírez
  • Héctor Bonilla
  • Fernando Bonilla
  • Sergio Bonilla
  • Sofía Álvarez
  • Verónica Langer
  • Carlos Bolado
  • Kristyan Ferrer
  • Moisés Arizmendi
  • Catalina Pérez Correa

     

80+ firmas

Si deseas comunicarte a la organización para entrevistas sobre #AutonomíaParaFiscalías puedes contactar a:

Israel Roldán

Dirección de información e investigaciones ONEA México

israelroldan1@hotmail.com (228) 8418680

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